Estado de México 25 de marzo de 2019.
La 60 legislatura del Estado de México exhorta de manera unánime a los 125 ayuntamientos de la entidad a llevar a cabo la estrategia de austeridad republicana en lo referente a sus topes máximos salariales propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del Estado de México y a conducirse bajo los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, evitando sobresueldos y la animadversión social derivada de dichas acciones.
La legisladora del grupo parlamentario de morena, Montserrat Ruiz Páez, presentó el punto de acuerdo que busca erradicar la práctica de los altos salarios en el servicio público “cuando el grueso de la población percibe salarios enjutos por las arduas y largas jornadas laborales diarias”.
Aprobado, previa dispensa del trámite a comisiones y dictamen por considerarse de urgente y obvia resolución, el documento expone que la estrategia de austeridad republicana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador representa un parteaguas en la forma de gobernar en el país con el que se pretende recuperar la confianza de la población en sus gobernantes.
Expone que el exhorto se justifica cuando el propio Consejo Consultivo de Valoración Salarial del Estado de México (CVS), órgano auxiliar del Poder Legislativo, “ha recomendado a los tres poderes de la entidad disminuir los salarios de los altos mandos, con el fin de ajustarse a las directrices nacionales que hoy demandan austeridad”.
Recuerda que si bien esta instancia recomienda sueldos para los servidores de los ayuntamientos que van desde los 69 mil pesos mensuales hasta poco más de 140 mil, “se considera importante ser muy cuidadosos en lo que refiere a los tabuladores de salarios y a sus reclasificaciones, adiciones y modificaciones actuales, ya que la ciudadanía demanda mejoras sustantivas en la forma de gobernar, a la par de hacerlo bajo un esquema de austeridad y transparencia”.
El documento recupera también el hecho de que en este rubro el Congreso federal emitió la Ley de Austeridad Republicana, como el instrumento “conductor de la administración y eje estratégico del gasto público” que mandata, entre otras acciones, la reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Adicionalmente, concluyó, el segundo párrafo del artículo 147 de la Constitución Política estatal establece que las remuneraciones mínimas y máximas se determinarán con base, entre otros, en los factores siguientes: población, recursos económicos disponibles, costo promedio de vida, índice inflacionario, grado de marginalidad, productividad en la prestación de servicios públicos, responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de ingresos, de acuerdo con la información oficial correspondiente.