México, Distrito Federal
Jueves 24 de Abril de 2008.
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla, señaló que con estas reformas la educación gana y se fortalece, genera las bases para un nuevo acuerdo nacional y eleva a rango constitucional la evaluación y la calidad para obligar a todos los estados y a la federación a cumplir con ellos. Afirmó que representa un paso muy importante, al poner a la educación como eje del desarrollo nacional e impulsar una política de Estado en la materia.
La incorporación de la obligatoriedad de la educación media superior, dijo, representa una gran aspiración del pueblo mexicano, pues incrementa a 14 años el tema de la educación obligatoria. Este nivel educativo, abundó, estaba ausente en la Constitución y sólo se había colocado en la ley reglamentaria.
Otro elemento importante, continuó, es que se establece que la educación será el eje fundamental del desarrollo nacional. “Los países que lo han hecho han logrado no solamente altos niveles de progreso social y económico, sino además han incrementado sustancialmente el nivel de bienestar y la cantidad de garantías y derechos que pueden cumplir a los ciudadanos”.
Se establece que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, garantizará el desarrollo de una política en materia educativa. “Con ello se genera el marco jurídico para que el gran acuerdo refundacional del pacto educativo, pueda tener lugar”, enfatizó.
Se agrega a los principios que deben regir la educación, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, que constituyen parte de las garantías y formarán a los educandos con el propósito de contribuir a la construcción del Estado de Derecho. Además se adiciona la necesidad de educar para la paz, principio que ha caracterizado a México en el concierto internacional como un mensajero y promotor de la paz”.
Destacó que ante la demanda social para no otorgar permisos a escuelas de dudosa o mala calidad que ha resultado un fraude, la reforma obliga a acreditar los criterios de calidad y pertinencia, a las instituciones públicas y las particulares para prevenir que las familias sean engañadas o timadas por escuelas que no tienen ningún parámetro de calidad.
Plantea que la ley determinará los lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas para que formen parte de los contenidos y el ejercicio del servicio educativo.
Fija mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación y evitar violaciones o subterfugios que afecten la garantía de gratuidad. Además, estipula que el Estado promoverá condiciones de igualdad y equidad en el acceso y permanencia del sistema educativo nacional.