18 de marzo de 1938: Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Desde los comienzos del siglo XX, la industria petrolera mexicana estuvo dominada por la influencia de compañías norteamericanas e inglesas, las cuales abastecían de combustible a las economías industriales de sus respectivos países. Además, estos consorcios eran subsidiarios de otros que operaban a escala mundial.

El lugar prominente, por sus inversiones y por su producción, correspondía a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, fundada en México por el potentado británico Weetman Pearson, mejor conocido como Lord Cowdray; le seguía la Huasteca Petroleum Company, anexa a la Standard Oil Company de Nueva Jersey, y el tercer puesto lo ocupaba la Sinclair Oil. Entre las tres produjeron casi 90 por ciento del petróleo extraído entre 1901 y 1938.

Cada compañía que operaba en México imponía un contrato específico de trabajo con sus empleados y obreros, lo que originaba amplias diferencias en los salarios y las prestaciones. Estas circunstancias propiciaron que el 16 de agosto de 1935 se constituyera el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La asociación sindicalista demandó a todas las compañías la implantación de un contrato colectivo de trabajo similar, con la finalidad de que se pagaran sueldos justos a sus trabajadores y se otorgaran idénticos beneficios de carácter social.

La exigencia tensó la relación entre las empresas y el naciente sindicato, por lo que el gobierno federal tuvo que intervenir como mediador en el conflicto, lográndose la realización de una convención obrero-patronal en donde se discutieron las demandas en pláticas que se prolongaron de finales de 1936 a los primeros meses de 1937. Sin llegar a acuerdo alguno, los trabajadores declararon el 28 de mayo de 1937 una huelga general en todas las empresas que explotaban petróleo, la que originó un duro golpe a la economía del país.

La Confederación de Trabajadores de México solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el litigio entre el STPRM y las empresas fuera declarado “conflicto de orden económico”. La Junta designó tres peritos: Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda; Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía; y Jesús Silva Herzog, joven economista, para que presentaran un informe del estado financiero de las empresas y un dictamen conteniendo su parecer sobre cómo resolver el conflicto. Entregado el 3 de agosto de 1937, el documento sostenía que las principales empresas petroleras que operaban en México formaban parte de grandes unidades económicas que no habían aportado su cooperación al progreso social del país.

Este informe fue analizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual emitió el 18 de diciembre de 1937 el fallo en favor del peritaje realizado y ordenó a las compañías petroleras que aumentaran las remuneraciones y los beneficios laborales, cubriendo la cantidad de 26 millones de pesos.

Ante la sentencia, las empresas se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando la rectificación del laudo de la Junta. La Suprema Corte estudió el caso y el 1 de marzo de 1938 confirmó la decisión de la autoridad laboral. En represalia y como muestra de su negativa a acatar las disposiciones legales, las compañías petroleras detuvieron las exploraciones y perforaciones, además de retirar sus fondos bancarios.

[img align=left]http://www.zumpangolandia.com/uploads/img47e09c7f4027d.jpg[/img]Así, no quedó más remedio para el gobierno de Lázaro Cárdenas que dar un paso decisivo. El 18 de marzo de 1938 se publicó el decreto con el que se expropiaba, “por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad” de los consorcios extranjeros.

Ese día, el presidente de la República difundió el siguiente mensaje: “…pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable…” La expropiación de esta industria ha tenido una relevancia vital en la evolución económica de la nación mexicana, siendo la acción más significativa de un país decidido a defender la soberanía sobre sus recursos naturales frente a la incesante penetración de intereses externos.