Desde las cárceles se planean extorsiones y secuestros con uso de celulares.

A fin de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y las entidades federativas restrinjan las llamadas a teléfonos celulares desde los centros federales de detención, o bien se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación desde el interior de estos centros de reclusión, el diputado federal José Luis Murillo Torres presentará una proposición al respecto.

El legislador denunció que los internos usan los teléfonos públicos y celulares para planear y realizar desde los penales delitos como el robo, extorsión, motines, evasiones y el “secuestro virtual”.

Detalló que el uso de teléfonos celulares es una práctica común dentro de los centros, desde donde los delincuentes operan con la mayor tranquilidad.

“Algunos los usan para llamar a sus familias, muchos otros coordinan sus fechorías desde la cárcel, a tal grado que secuestros y extorsiones son planeados desde un penal”, abundó.

En otro punto, el integrante de la Comisión de Seguridad Pública solicitará que la SSP efectué revisiones profundas y periódicas en los centros federales de readaptación, a efecto de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, detectar deficiencia, para garantizar condiciones de seguridad en la población penitenciaria.

Lo anterior, dado que la mayoría de estas prisiones carecen de instalaciones, equipo y personal para brindar atención y seguridad a la población penitenciaria, por lo que, “la vida al interior es extremadamente precaria, debido al hacinamiento, malos tratos y la excesiva violencia que se ejerce”.

El diputado expuso que la problemática carcelaria en México está fuera de control y la principal causa es que las autoridades del sistema penitenciario se involucran en problemas como el ingreso de substancias prohibidas, armas, aparatos de comunicación, es decir en una serie de elementos que ponen en peligro la integridad y salud de los internos.

Señaló que la falta de tratamiento especializado y concretamente la ausencia de clínicas contra adicciones al interior de las prisiones, ha dado como resultado que los programas que se llevan a cabo se conciban conforme a las circunstancias y limitaciones que hay en las prisiones.

“La postura sobre el tráfico de drogas al interior, insiste en negar esta situación, con la finalidad de evitar la imagen de las prisiones como centros que fomentan el consumo de drogas, postura que no ayuda para llevar a cabo programas que erradiquen el consumo de drogas, pero sin una disminución gradual que involucre no sólo a autoridades e internos adictos, sino también al grupo familiar”.