Toluca, Estado de México
Viernes 25 de Enero de 2008.
Lo anterior le fue dicho en una entrevista que sostuvo con el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, quien se comprometió también a promover las sanciones correspondientes contra quien resulte responsable por la presunta violación a los derechos básicos de los presos que se amotinaron la semana pasada en la prisión de Neza-Bordo.
Llegamos a una serie de acuerdos que retoman el compromiso de la propia Secretaría y del gobernador por crear una nueva penitenciaría modelo que permita el traslado de mil a mil trescientos internos, que saturan las cárceles estatales”, detalló el legislador en rueda de prensa.
Asimismo, comprometió iniciar la licitación para echar a andar el programa de brazaletes electrónicos y lograr la preliberación de internos, además de abordar el tema del trabajo comunitario para iniciarlo en las primeras semanas del próximo mes. Dijo que como medida adicional e inmediata se hará el traslado de presos de diversos penales como el de Neza-Bordo a otros, para la despresurización.
Con la edificación de nuevos centros preventivos en el estado se reducirá el hacinamiento en los 21 penales de la entidad, los cuales cuentan con una capacidad para atender a 10 mil internos; sin embargo, albergan a 22 mil.
La infraestructura penitenciaria del Estado de México registra un considerable deterioro por la antigüedad de sus inmuebles, pues un edificio carcelario tiene más de 400 años de construcción; seis superan el siglo de edificación; tres tienen entre 74 y 96 años; seis prisiones oscilan entre 22 y 39 años; dos tienen entre 13 y 17 años, y sólo cuatro no cuentan con más de 10 años de servicio, de acuerdo con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de México.
El legislador explicó que la entrevista cumplió el objetivo de intercambiar opiniones sobre la situación actual del sector justicia en la entidad, además de analizar los exhortos que hizo a las comisiones de derechos humanos nacional y estatal para abordar las posibles violaciones a los derechos básicos de los reclusos por el motín de la semana anterior.
Afirmó que el ombudsman estatal se comprometió a establecer las sanciones correspondientes en contra del servidor público “del orden o nivel que sea”, a quien se le compruebe alguna falta o violación a los derechos de los presos.
Dio a conocer que la CODHEM aceptó su petición, que sumó a la propia indagatoria que ejecuta, en tanto que en breve se entrevistará personalmente con el titular de la CNDH para abordar el tema de forma directa.
El legislador también abordó el tema de Sedagro, del que dijo, falta por analizar si será necesaria una nueva iniciativa para dar sustento a la resolución anunciada por el titular del Ejecutivo estatal esta semana. “Parece que el decreto que votamos queda sin efecto, pero tendremos que esperar”, aseguró.
En otro tema, llamó nuevamente a las autoridades a aplicarse más y mejor en el tema del narcotráfico, pues con el operativo efectuado en Valle de Bravo “se demuestra que nuestras advertencias no han sido infundadas. Por suerte en este operativo las corporaciones que participaron estuvieron a la altura”, concluyó.