Hubo en un año 115 millones de actos de corrupción en México.

México, Distrito Federal
Lunes 14 de Enero de 2008.

En México, la práctica del cohecho o “mordida” es algo común, ya que de 2005 a 2006 se registraron más de ciento quince millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, lo que en promedio costó a las familias 177 pesos.

Lo anterior de acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005-2006, elaborado por el organismo Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, quien reveló que México ha retrocedido en el combate a la corrupción en los últimos años.

Al respecto, el diputado federal Gerardo Octavio Vargas Landeros señala que una de las formas más comunes de la corrupción, y que se ha extendido de manera importante entre la población, es el cohecho, pues implica una relación directa entre autoridad y particulares.

Menciona que la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas que la ciudadanía relaciona con la falta de un Estado de derecho y el bajo desempeño de las instituciones públicas.

Refiere que en los primeros ocho meses de 2007 la Secretaría de la Función Pública captó a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, 21 mil 121 peticiones ciudadanas, cifra superior en 17.5 por ciento respecto al mismo lapso de 2006.

Detalla que de éstas, 10 mil 305 fueron quejas y denuncias por presuntas irregularidades de servidores públicos, 4 mil 280 seguimientos de irregularidad, 4 mil 580 solicitudes de atención a diversas autoridades, mil 296 sugerencias para mejorar trámites y servicios y 660 reconocimientos a servicios y/o servidores públicos.

Vargas Landeros indica que países con alta percepción de la corrupción tienen sistemas de derecho donde las reglas del juego no son claras ni objetivas, por lo que generan mayor nivel de incertidumbre disminuyendo la inversión, el crecimiento y la calidad de vida de sus habitantes.

A través de una iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, expresa que es necesario modificar el Código Penal Federal, para que la reparación del daño ocasionado por un acto de cohecho sea exigible, por un lado, a los servidores públicos y al Estado en forma solidaria y, por otro, al particular que hubiere actuado como sujeto activo del delito.

Dice que si se obliga al Estado a reparar los daños causados por los servidores públicos, se verá afectado en su patrimonio y forzosamente tendrá que establecer medidas para inhibir el cohecho.

Agrega que los particulares que pretendan cometer este delito, al tener qué responder frente a los terceros perjudicados, verán un riesgo patrimonial que difícilmente querrán asumir y, en consecuencia, habrá inhibición para cometer este delito.

El diputado del PRI precisa que la legislación actual no es clara en cuanto a que los particulares agraviados por el delito de cohecho puedan reclamar y hacer efectiva la reparación del daño como consecuencia de la actuación indebida, tanto del servidor público como del particular que hubieren incurrido en esa conducta.

Detalla que en este caso el servidor público y el particular, o particulares involucrados, así como el Estado, de manera solidaria, deben de responder al particular o particulares agraviados por dicha conducta ilícita.