Denuncia legislador amenazas de muerte por su lucha en la causa Zimapán.

México, Distrito Federal
Martes 13 de Noviembre de 2007.

Apoyar y sumarse a la defensa de los intereses de pobladores de la comunidad de Zimapán en Hidalgo, ha derivado en amenazas de muerte y agresiones físicas en contra del diputado mexiquense Germán Rufino Contreras González, quien hizo la denuncia pública, responsabilizando de estos actos intimidatorios al Gobernador del Estado de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, y a su secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruíz.

En conferencia de prensa, el congresista del PRD en la LVI Legislatura mexiquense, refirió que el gobierno hidalguense ha desplegado una campaña mediática y represiva con el propósito de intimidar a los miembros del Movimiento Cívico, “Zimapán Somos Todos”, y la Asociación Civil “Unidos por Zimapán”, a las que se ha sumado en busca de que sea cancelada la construcción de un confinamiento de desechos tóxicos en esta población, toda vez que además de los daños a los ecosistemas que representa el mismo, atenta contra la vida de más de 55 mil habitantes de la localidad.

Invitó al Gobierno federal y a sus diversas instancias, atender esta denuncia ciudadana, “le pedimos que no sea cómplice de un genocidio a punto de darse”; este confinamiento que de acuerdo con estudios científicos, tiene inconsistencias técnicas y presenta irregularidades desde su aprobación.

Aclaró que las manifestaciones realizadas y por emprender de parte del movimiento cívico y la asociación civil, son pacíficas, “rechazamos categóricamente la violencia y provocación, el espíritu que nos cobija es el diálogo y no la violencia, no somos radicales como insiste en llamarnos el gobernador de Hidalgo, pero tampoco cederemos en la lucha por la razón, la salud y la vida de miles de personas y de nuestros eco sistemas; no permitiremos que intereses políticos o personales, ignorancia, arrogancia o prepotencia de autoridades, sirvan como bandera para escudar un genocidio anunciado”.

Anunció que en la próxima sesión plenaria de la Legislatura mexiquense presentará un punto de acuerdo para que se exhorte a sus homólogos del Congreso de Hidalgo, a pronunciarse y emitir un acuerdo que suspenda y cancele definitivamente la autorización de construcción y establecimiento del confinamiento y para que se reconozca y respete su derecho a participar en esta lucha social por el pueblo que lo vio nacer y aseveró: “ondear banderas es fácil, asumir las responsabilidades es lo verdaderamente difícil”.

Explicó que su participación en este movimiento, deriva no del fuero que como legislador ostenta, sino de su convicción cívica y ciudadana de apoyar a quienes reclaman lo que a derecho les corresponde, además de ser oriundo de Zimapán Hidalgo y gozar de las garantías que como mexicano le otorgan las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no viola ningún ordenamiento legal ni normativo al participar en esta lucha social.

[img align=left]http://www.zumpangolandia.com/uploads/img4739c0869a7ee.jpg[/img]Señaló que la empresa Befesa Sistema de Desarrollo Sustentable, S.A.de C.V., de origen español, misma que en su país es señalada como causante de deterioro ambiental, es quien tiene la concesión para la construcción del confinamiento en la población de Botina, ejido de Cuauhtémoc, municipio de Zimapán ubicada a 205 kilómetros de la ciudad de México, colindante a la reserva de biosfera de la Sierra Gorda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conformada por comunidades indígenas nañhu y otomí, zona minera de donde se extraen 35 mil toneladas de minerales al mes y sede del descubrimiento en 1801 del elemento químico Vanadio.

Dicha empresa intentó crear el confinamiento en Chapatongo Hidalgo, y fue rechazada, sin embargo en Zimapán, en el año 2004 la presidencia municipal cambió el uso de suelo de 133 hectáreas en esta comunidad para construir una planta recicladora de basura, y en el año 2007, la actual administración a cargo del alcalde Eusebio Aguilar Francisco, determinó otorgar la concesión a la empresa para un confinamiento de desechos industriales tóxicos y peligrosos, el más grande de la República Mexicana y uno de las mayores del mundo, en el que se estima diariamente verterán 4 mil toneladas de residuos, lo que equivale a un tránsito de 200 trailers diariamente.

La construcción se ubica sobre una falla geológica, cerca de la presa Zimapán, sobre manantiales que la alimentan y que ya están contaminados con arsénico, en las riberas de aguas termales, a 200 metros de viviendas, a un lado de torres de alta tensión, y en donde se concentran corrientes de aire que en su momento llevarán nubes tóxicas hasta la cabecera municipal, por lo que además de daños ecológicos a flora y fauna, representa, de acuerdo al diputado, “un crimen perfecto en beneficio de empresas trasnacionales”.

Con la promesa de crear 30 empleos, un jardín botánico y otros supuestos beneficios como el pago de renta de los terrenos a razón de 93 centavos por metro cuadrado, (10 mil pesos mensuales en total aproximadamente), y bajo el engaño de ser una planta recicladora de basura, los habitantes no se opusieron a este confinamiento, máxime cuando, señaló el diputado, el Gobierno estatal y municipal, han recurrido a la entrega de despensas y apoyos de programas gubernamentales para intentar que el proyecto subsista sin que la población se oponga.