Trabas burocráticas frustran aspiraciones de miles de niños por ser adoptados.

México, Distrito Federal
Lunes 15 de Octubre de 2007.

En México, de cada 100 menores que son atendidos en las casas hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de organizaciones sociales, sólo 20 logran ser sujetos de adopción.

Lo anterior, a pesar de que a escala nacional hay 150 mil infantes en estos centros, quienes han sido abandonados, son huérfanos o tienen padres con problemas de alcoholismo, drogadicción o padecen Sida.

Al respecto, el DIF ha reconocido que existen fallas en el proceso de adopción que lo alargan hasta cinco años, como son deficiencia en los cuerpos colegiados para la toma de decisiones, ausencia de información y registro.

Por ello, la diputada Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza) propuso simplificar el procedimiento judicial de adopción, delimitando los tiempos de duración, toda vez que el proceso es excesivamente lento.

Dijo que dados los engorrosos trámites administrativos y judiciales del país, se hace necesario facilitarlos. Refirió que entre 2001 y 2005 el DIF recibió ocho mil 819 solicitudes de adopción y sólo se concluyeron dos mil 945; en 2006 se presentaron dos mil 817, ellas se concretaron mil 802 casos.

Destacó que según la Fundación de Estudios Urbanos y Metropolitanos sobre la Adopción en México, se recibieron tanto en el DIF como en los sistemas estatales, en 2005, 865 solicitudes nacionales y 108 internacionales, de las cuales concluyeron 291 nacionales y 16 internacionales.

Mónica Arriola, señaló que no se puede permitir que continúe la frustración del interés de miles de parejas por adoptar, así como el de menores cuyas necesidades básicas y de afecto son postergadas por trabas burocráticas.

Mencionó que la adopción, además de ser una forma alternativa de ser padres, es ante todo una medida de protección de la infancia en desamparo. “Se trata de ofrecerles a las niñas y los niños un espacio para reparar sus carencias”.

Finalizó que se debe hacer todo lo posible por atender con soluciones reales la problemática que afrontan los menores en nuestro país y fomentar disposiciones encaminadas a la protección de sus derechos y libertades fundamentales.