México, Distrito Federal
Lunes 17 de Septiembre de 2007.
El documento señala que la nueva disposición contribuirá a que a finales del sexenio se alcance una recaudación adicional cercana a tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir 3 mil 500 millones de pesos.
Se destaca que con la citada ley se busca terminar con situaciones de privilegio existentes en el sistema tributario vigente, al contemplar acciones dirigidas al fortalecimiento de las herramientas de control para combatir con mayor fuerza las prácticas de evasión y elusión, así como la informalidad.
Al tomar la palabra en contra, el legislador Faustino Soto Ramos dijo que este impuesto representa una salida a la incapacidad de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, para incluir a todos a la base de contribuyentes para obligarlos a cumplir con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
“A quién de ustedes les convence de que con la creación de este impuesto se contribuye a una simplificación fiscal, se trata más bien de una complicación fiscal que contraviene promesas de campaña, plataformas electorales y agendas legislativas”.
Abundó que estas acciones representan una invitación para que las personas que se encuentran en condiciones adecuadas, se salgan de la base de contribuyentes.
El diputado Juan Abad De Jesús solicitó a los legisladores que no avalen este impuesto que será de carácter permanente.
Expuso que se decidió elevar el monto a gravar, de 20 mil pesos que proponía el Ejecutivo, a 25 mil y la razón fue basada en promedios: de remesas, depósitos y el ingreso medio de los hogares per cápita, por lo que “la lógica que se siguió de tomar promedios hace arbitraria la aplicación”.
Precisó que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no tiene más tintes que recaudatorios y es un golpe bajo para las clases sociales que pertenecen al mercado informal, “este impuesto no sólo lastima, sino que incita a la desconfianza de las clases sociales productivas que buscan, en el subempleo, ganarse la vida con decoro”.
Resaltó que es una propuesta violatoria a los derechos sociales, ya que pretende vigilar y fiscalizar a quienes se dedican al comercio directo o bien a quien realiza operaciones en bajos capitales, pues estos grupos no se comparan a quienes poseen las elevadas fortunas del país.