México, Distrito Federal
Miércoles 8 de Agosto de 2007.
Durante la conferencia sobre el Programa de Alimentación del Trabajador, el académico explicó que éste fue instituido en 1976 a través de una iniciativa del Ejecutivo Federal, que establece los mecanismos de su funcionamiento. Dicho programa, aseguró tiene el apoyo del Gobierno, los sindicatos y empresas.
Se trata, dijo, de un programa social y económico que ofrece beneficios a más de 10 millones de trabajadores mediante la entrega de vales de despensa que pueden canjearse en supermercados para adquirir productos, a través de una canasta de alimentos y una tarjeta de comida.
Aseguró que es un programa exitoso por el incentivo fiscal que se ofrece a las empresas para que puedan deducir hasta el doble los gastos en alimentación o hasta 4 por ciento el Impuesto Sobre Renta, en tanto que los trabajadores aportan cerca de 20 por ciento del valor de la alimentación.
El especialista afirmó que para que en México se pueda implementar un programa ad hoc , se requiere revisar las condiciones, hacer las adaptaciones necesarias y que el Gobierno Federal, empresas y trabajadores conformen una comisión tripartita.
José Alfonso Mazzon informó que se han distribuido 38 mil millones de comidas durante 30 años de funcionamiento del programa, que representan 15 millones de toneladas de alimentos y una erogación de 267 millones de reales, es decir, 140 mil millones de dólares.
Además, agregó, la recaudación obtenida por parte del gobierno brasileño en ese lapso es de 24 mil millones de dólares; la generación de empleos en restaurantes y supermercados es de 300 mil, así como un aumento en la productividad de las empresas.
En la ronda de preguntas, los integrantes de la Comisión de Hacienda preguntaron sobre el impacto en el gobierno de Brasil por la reducción o exención fiscal del programa, si algún otro país cuenta con un proyecto similar o si es posible implementarlo en México.
Al respecto, José Alfonso Mazzon aseguró que algunas encuestas demuestran que más del 85 por ciento de los trabajadores prefieren recibir la alimentación antes que transformar su valor en moneda, además prefieren contratarse en una empresa que ofrece ese beneficio a otra que no.
Dijo que ninguna de las partes involucradas quiere terminar con el programa porque los trabajadores y empresas perderían beneficios y el gobierno tendría una menor recaudación.