Son ya 44 los menores fallecidos por el siniestro en la guardería.

Hermosillo, Estado de Sonora
Martes 9 de Junio de 2009.

El gobernador Eduardo Bours Castelo admitió este lunes que dos de las dueñas de la guardería ABC, que se incendió el viernes anterior, son esposas de funcionarios de su gabinete, otro es encargado de finanzas del PRI estatal y una más es tía de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La Procuraduría de Justicia estatal dio a conocer por su parte que hasta el momento han muerto 44 niños por la conflagración en la estancia infantil, siniestro por el cual siguen hospitalizados 16 menores y cuatro adultos. Desde el pasado fin de semana, se informó que fuentes en el interior de los gobiernos estatal y federal señalaron que había una relación familiar estrecha entre los empresarios de la guardería, subrogada por el IMSS, y altos funcionarios del gobierno de Sonora, incluso con candidatos priístas para la elección del próximo 5 de julio.

“Marcia Gómez del Campo tiene un parentesco, entiendo, con la señora Zavala, efectivamente. Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una identificación familiar. Pero también, reitero, esto (el inicio de operaciones de la guardería) es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parecería absurdo ligar una cosa con la otra”, dijo Eduardo Bours en entrevista con una cadena radiofónica nacional la mañana del lunes, en la cual aseguró que no hubo tráfico de influencias en el que participaran funcionarios estatales o federales.

Añadió que los empresarios ya tenían inversiones en el sector educativo mucho antes de que llegara al gobierno Felipe Calderón, o él mismo se convirtiera en mandatario en 2003. “No tenemos absolutamente nada qué ocultar, ni intención de proteger a nadie. Al contrario, se trata de investigar a fondo. Los nombres ahí están, dos de ellas, mujeres casadas con funcionarios actuales del gobierno del estado; efectivamente, la otra persona ha sido secretario de finanzas del PRI en el estado, lo hemos dicho desde el primer día”, dijo Bours Castelo.

En un comunicado de prensa, el gobierno estatal dio a conocer el sábado anterior los nombres de los propietarios de la guardería, que estaba ubicada a un costado de una distribuidora de llantas y de almacenes rentados por el gobierno sonorense. “El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado confirmó este sábado que la guardería ABC, subrogada al IMSS, está registrada en los archivos bajo la razón social ABC, SC, y los propietarios son Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella”, se dijo en el documento.

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, identificada como familiar directa de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del Presidente, es además esposa del director de Finanzas de la Secretaría de Infraestructura Urbana estatal, Antonio Salido, quien es a su vez primo del candidato priísta a la alcaldía de Hermosillo, Epifanio Salido Pavlovich.

Sandra Lucía Téllez, por su parte, es esposa del subsecretario de Ganadería estatal, Alfonso Escalante Hoeffer. Gildardo Urquides Serrano es coordinador de finanzas del PRI en Sonora, director de Enlace Empresarial de la campaña de Alfonso Elías Serrano, aspirante a la gubernatura para las elecciones el próximo 5 de julio, y en corrillos políticos locales se menciona que es primo del propio abanderado del partido tricolor.
El procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, no descartó una investigación por tráfico de influencias, si se hallan elementos que así lo hagan suponer. “El resultado de este delito nos da la facultad de hacerlo de oficio, no hay ninguna duda de que tanto la PGR (Procuraduría General de la República) como nosotros lo podemos hacer, por eso la procuraduría (de Sonora) desde el primer momento aseguró el local, y con eso preservamos la documentación en el interior”, dijo.

Por lo pronto, la Procuraduría de Justicia del estado investiga, en colaboración con la PGR, para deslindar responsabilidades por el incendio de la guardería que, según confirmaron ambas dependencias, se inició por un corto circuito o el calentamiento del motor de un aparato de enfriamiento de aire en una bodega operada por el gobierno estatal, contigua a la estancia infantil.

En conferencia de prensa, el procurador Murrieta y el delegado estatal de la PGR, José Martín Godoy Castro, ofrecieron este lunes un informe de los avances de la investigación. “Una de las hipótesis es el calentamiento del motor del cooler, que haya generado el derretimiento de sus partes y caído sobre la papelería que se encontraba en el lugar iniciando el fuego; esta es la teoría más acertada que han encontrado; la otra pudiera ser las deficiencias en las instalaciones eléctricas para operar el cooler”.

Señaló que en la bodega del gobierno de Sonora había papelería diversa, estantes, placas de automóviles y dos vehículos que quedaron totalmente destruidos. “Sabemos que el punto o inicio del fuego fue el almacén de la parte media de la construcción”, afirmó. Comentó que no había gente dentro de la bodega y el guardia que estaba afuera no se percató del inicio del fuego”.

Refirió que la guardería y la bodega formaban una sola construcción, y sólo una pared de bloques con varios orificios separaba a un área de otra, por lo cual las llamas se propagaron velozmente. Acotó que el techo de las bodegas era de estructura metálica, y en la guardería había un techo de plafón revestido con poliuretano, lo que contribuyó a que el fuego se esparciera.

Sostuvo que en la guardería sí había detectores de humo, pero estaban colocados por debajo de un techo falso de plafón, por lo cual no registraron el calor que se generaba proveniente de la bodega aledaña, y fue hasta que éste se derritió y cayó ardiendo sobre aulas y cuneros, con una intensa oleada de humo tóxico, que las profesoras se dieron cuenta de la emergencia.

Agregó que la investigación aún debe determinar la forma en que se otorgaron los permisos de uso de suelo para que la guardería operara. También se analiza la ineficiencia de las medidas de seguridad del lugar, lo que implica analizar si las salidas de emergencia podían utilizarse y si había extintores suficientes.

Murrieta indicó que con las investigaciones no se puede determinar los alcances de la acción legal a seguir, o si se fincará alguna responsabilidad a alguien en particular, los dueños o quienes expidieron los permisos de uso de suelo.