México, Distrito Federal
Martes 10 de Febrero de 2009.
Dijo que quebrarán empresas chicas, medianas y grandes y cerrarán comercios y que “es una situación que va a ser delicada. No quiero ser catastrofista pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después y estar llorando”. En este escenario, Carlos Slim coincidió con el Presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, en que hace falta “una revisión y rediseño estructural del modelo del sistema financiero”.
En la segunda mesa de análisis Crecimiento económico y empleo, el empresario agregó que los cambios estructurales para mejorar productividad y competencia son argumentos fundamentales en la situación que estamos viviendo. Expresó que ante la caída inminente del Producto Interno Bruto lo indispensable es cuidar el empleo y el ingreso familiar, por lo que sugirió fortalecer el mercado interno, impulsar la infraestructura y fomentar la competitividad.
“No cabe duda que el Producto Interno Bruto mexicano se va a desplomar, va a ser negativo, no sabemos cuánto dure pero va a ser muy fuerte el efecto, pero no hay que preocuparse si es menos uno o cero. Hay que cuidar la masa salarial, el empleo y proteger el ingreso familiar”. Pese a lo adverso del contexto, Slim Helú dijo que América Latina tiene la fuerza de la mejora. “Nosotros contamos con el petróleo, otros países con el sorgo, otros, maíz, trigo. Tenemos una fortaleza económica que debemos cuidar y aplicar con mucho cuidado para evitar estos colapsos”.
Subrayó que se impulsaría el empleo a través de las Pymes, pero que una fuente rápida y efectiva para su generación es la infraestructura y la construcción. “Para el mantenimiento de la infraestructura no hay que esperar un plan, proyecto, ni derecho de vía; eso se hace de un día a otro. Existen 30 mil escuelas en mal estado, hay que arreglarlas, modernizarlas, reparar ventanas y techos que están deplorables; lo mismo ocurre en los hospitales, centros de salud, oficinas de gobierno o en las zonas arqueológicas”. Enfatizó que México tiene “una capacidad brutal” de dar empleo intensivo con muy poco dinero y buscar la combinación del capital público y privado para impulsar aquellos proyectos que así lo justifiquen”.
En tanto, Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que la actual situación económica mundial obliga a nuestro país a replantear las estrategias de desarrollo que se utilizan actualmente. Dijo que se debe impulsar la competitividad en México mediante mecanismos que garanticen el empleo, a fin de reducir significativamente la pobreza; además de impulsar reformas en materia laboral y educativa.
Tenemos que promover una legislación laboral que permita al sector adaptarse a las nuevas realidades de la economía global; maximizar su potencial, facilitar el comercio y reducir los costos de logística y mejorar el clima de inversiones, son eslabones importantes. Aseguró que es primordial fortalecer al sector energético, “la industria requiere de abasto, calidad y precios adecuados en las tarifas eléctricas, ya que en algunas horas sus precios resultan prohibitivos, elevan los costos y marginan a las empresas de toda posibilidad de competir”.
La necesidad de contar con una política industrial es urgente, continuó, primero por la acelerada transformación que afecta a importantes sectores industriales de todo el mundo; segundo, a través de ella impulsar la innovación de productos y procesos y, en tercer lugar, por el cambio en la estructura de los mercados que acelera la integración en grandes áreas económicas o áreas comerciales”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares dijo que estos centros están llamados a profundizar en el diseño de alternativas para el desarrollo del país y sus distintas regiones, debido a que cumplen tareas esenciales para el funcionamiento de la economía, la cohesión social y la consolidación del régimen democrático.
Los centros de investigación, las escuelas profesionales y el resto de las instancias en que se distribuyen las funciones de formación superior e investigación científica, añadió, representan una plataforma insustituible para hacer avanzar las alternativas de desarrollo del país en un entorno sumamente dinámico y amenazado por turbulencias y riesgos de distinta naturaleza, no sólo económica. El objetivo, dijo, es configurar un escenario que permita articular de forma creativa y sustentable las políticas que refuercen el compromiso social de la educación superior, su calidad, su pertenencia y la autonomía de las instituciones.
“Esas políticas deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos, tener como meta mayor cobertura social, inducir al desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, promover el establecimiento de estrategias entre gobiernos, sectores productivos, organizaciones sociales e instituciones de educación superior, científica y tecnológica”. López Castañares destacó que los retos del sector son de cobertura, calidad, pertenencia social, relevancia económica y empleo para los egresados universitarios, pues “es verdad que la posesión de un título universitario no garantiza un puesto de trabajo inmediato y que los salarios han decaído y que una proporción importante no está desempañando su actividad para la que fue capacitado”.
A su vez, Carlos Tello Macías, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que ante un panorama caracterizado por el estancamiento económico, el desempleo, el hambre y la violencia, es encomiable que se intente la búsqueda de soluciones por la vía de la razón y del diálogo. “En eso está el Congreso de la Unión, hay que ir a la raíz de los asuntos, proponer opciones y al tiempo poner en práctica un intenso y extenso programa de estímulo económico que sea rápido y eficiente”, afirmó.
Se pronunció por implementar un plan que incluya medidas en el corto plazo, para que la crisis no afecte a los que menos tienen y a la planta productiva, así como una política industrial, agropecuaria, de turismo y de inversión mediante el apoyo del mercado interno y aumentar los salarios y el gasto público. Tello Macías destacó que es fundamental que todos los instrumentos con los que dispone hoy el Estado se sumen, con el único propósito de promover el crecimiento económico y el desarrollo social. “Se debe buscar un adecuado equilibrio entre Estado y mercado que se traduzca en un nuevo círculo virtuoso de desarrollo apuntalado por una economía en expansión”.
El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, indicó que la intervención del Estado tiene que contribuir para que se maximice el bienestar de la población, que la economía crezca, se generen empleos y el país sea más productivo.
En lo económico, dijo, el criterio federal de la intervención gubernamental debe ser para salvaguardar el proceso de competencia. Subrayó que para generar acciones concretas de impulso a la competencia se necesita un marco pro competitivo en el ámbito regulatorio para promover la productividad en el país.
Aseguró que se requieren instituciones reguladoras fuertes que hagan cumplir las reglas del juego que eviten conductas anticompetitivas. “Necesitamos reevaluadores que sean cada vez más fuertes, independientes, rindan cuentas. Se tomen por separado las decisiones políticas, y las técnicas tomarse por sus propios meritos, no por decisiones de carácter político fundamental.
Destacó que en la Comisión de Competencia se requiere un fortalecimiento, “poder imponer multas económicas que sean comparables con las de todo el mundo, y que sean disuasivas, lo que queremos es que las empresas piensen dos veces antes de realizar estas prácticas”. Propuso sanciones penales para casos de colusión, “necesitamos medios efectivos para que los consumidores afectados por una práctica monopólica puedan reclamar daños y perjuicios, necesitamos darle más fuerza a los consumidores”. “Necesitamos cuidar la competencia, porque es cuidar a los consumidores, es decir a todos los mexicanos, empresas y personas físicas, se trata de proteger el interés público por encima de cualquier interés particular”, finalizó.
El miembro de la presidencia Colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, Agustín Rodríguez Fuentes, aseguró que tratar de resolver la crisis mediante una reforma laboral regresiva es una salida falsa que sólo servirá para conculcar los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos, e incidir en el abaratamiento de la mano de obra y en una mayor explotación de los trabajadores.
Advirtió que las alternativas mínimas para hacer frente a la crisis, es que el Estado asuma el papel de promotor, gestor y regulador del desarrollo económico bajo el control de la sociedad. “Una nueva política económica que tenga como prioridad el fomento al empleo con ingresos remuneradores, definir políticas de Estado de fomento a la industria y al desarrollo agropecuario”.
Agregó la necesidad de renegociar la deuda externa para canalizar más recursos al desarrollo nacional, reestructurar el Banco de México para generar una política capaz de impulsar el desarrollo nacional y la generación de empleos.
Destacó que debe promoverse un programa de austeridad en todas las dependencias del sector público que eliminen gastos suntuarios, reducir las percepciones de los altos funcionarios y el gasto corriente. Así como bajar los costos de las campañas electorales e impulsar un sistema nacional de educación pública laica gratuita.