Toluca, Estado de México
Jueves 4 de Septiembre de 2008.
Al inaugurar el XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Menores Infractores Aureliano Hernández Palacios, el mandatario estatal expresó que queda muy claro que a la sociedad debe ocuparle el ver, pensar y trabajar porque nuestros menores tengan un mejor entorno y les libremos de amenazas y de condiciones que les hagan delinquir. “Cuando tenemos menores infractores, es porque algo ante la sociedad está fallando; porque no hemos sido corresponsables en atender el bienestar de quienes el día de mañana serán actores protagónicos de la sociedad futura”, subrayó.
Ante Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de Elías Carranza, presidente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Peña Nieto dijo que el tema de la descomposición juvenil no deben abordarse con las simplicidad de propuestas, como la de reducir la edad penal para someter a proceso a los menores infractores; el problema tampoco se reduce a un estrato económico en particular, pues hay menores infractores que provienen de familias acomodadas.
En presencia de Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVI Legislatura local, así como del comandante de la XXII Zona Militar, Carlos Piedra Lezama, indicó que “creemos ampliamente en la posibilidad de la reducción de crímenes en los menores de edad; promovemos con energía los programas que prevengan la ocurrencia y la reincidencia delictiva y facilitan la plena reincorporación a la sociedad de nuestros jóvenes y niños infractores, porque tenemos fe en que estén de vuelta con nosotros”. Indicó que los delitos más comunes son el robo simple o la violencia callejera; el 80 por ciento de los internos juveniles en México son recluidos por robo, delitos del fuero común y delitos de lesiones en un porcentaje mucho menor; y nadie puede garantizar que los adolescentes y niños no reincidan en actos delictivos: 80 por ciento de los menores infractores del país provienen de hogares donde experimentan violencia familiar, por lo que destacó la importancia de trabajar en la prevención para evitar que los menores de edad incurran en ilícitos y que los padres de familia y la sociedad civil se involucren en los programas de readaptación.
Precisó que la reforma al artículo 18 constitucional sienta las bases para un nuevo sistema de justicia para adolescentes y con ese espíritu, la entidad modificó su esquema de justicia para los menores infractores plasmado en las reformas al Código Penal del Estado de México, expresó que una vez que los menores infractores salen de su reclusión es importante que sean visualizados como personas íntegramente; “Nuestros jóvenes y niños esperan atención, no los defraudemos”. Estamos frente a menores en plena formación que si bien han incurrido en ilícitos, requieren personal especializado y comprometido con su reinserción social; jueces y consejeros con sensibilidad y, sobre todo, un entorno que les prevenga de cometer conductas delictivas, que los defienda y les garantice sus derechos, mencionó. Respondemos ante el imperativo de proteger a la persona humana, con las iniciativas de los diversos ámbitos de gobierno y las propuestas y reflexiones de especialistas y académicos que, seguramente, serán vertidos en este importante congreso, concluyó.
En la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, Amelia Iruretagoyena Quiroz, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Ex Funcionarios para la Atención de Menores Infractores (Anfeami), expresó que este sistema tiene como propósito trabajar o rescatar el desarrollo armónico del menor e incidir en las circunstancias que en su entorno impactan su comportamiento antisocial. Dijo que se debe procurar que toda actuación de los agentes involucrados en el procedimiento especial, desde su detención hasta su reintegración, actúen conforme a los derechos que se han establecido para ello.
En el evento, en el que se hizo un reconocimiento al jurista Aureliano Hernández Palacios, el cual recibió su hija Esther Hernández, y en el que Ruth Villanueva Castillejos, presidenta de la Comisión de Menores Infractores de la Academia de Ciencias Penales, leyera una semblanza del homenajeado, José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, dijo que con la reforma y adiciones al artículo 18 constitucional, que establece en el ámbito de sus respectivas competencias de un sistema integral y especializado de justicia para adolescentes, en el que siempre deberá privilegiarse el interés superior del joven, quedó desplazado el sistema de justicia autoritario, inhumano, inquisidor que en materia juvenil operó en México durante muchos años.
Agregó que abrió paso a un nuevo judicial para adolescentes, así como un nuevo marco y una nueva cultura de reconocimiento a la dignidad y los derechos de los niños y los jóvenes del país. En el caso del Estado de México, dijo, se ha dado cumplimiento fiel a la referida reforma al artículo 18 al expedir y publicarse en la Gaceta de Gobierno del Estado la Ley de Justicia para Adolescentes de la entidad, de establecer un sistema integral de justicia para menores que tengan más de 12 años y menores de 18 años de edad, en la que se incorporan los derechos fundamentales que se reconocen para todo individuo. Por ello, dijo, el Consejo de la Judicatura del Estado expidió el reglamento interior para los Juzgados de Ejecución y Vigilancia especializados en justicia para adolescentes, que establece las directrices que dan a la vez de certeza y seguridad, flexibilidad procesal para la vigilancia y ejecución de las medidas que para la reinserción familiar y social del adolescente deben adoptar las autoridades e instituciones especializadas.
Castillo Ambriz dijo que desde 2007 iniciaron operaciones en la entidad siete juzgados para adolescentes, seis juzgados de ejecución y vigilancia para adolescentes y tres salas especializadas para adolescentes que conforman el esquema inicial de tribunales especializados en justicia en la materia.