Con hambre, 15 millones de mexicanos, aunque la economía nacional es la décima del mundo.

En el marco de la crisis alimentaria mundial, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analiza la iniciativa presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado, en el sentido de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación de calidad y bajo costo, además de establecer la obligatoriedad del Estado para garantizar la soberanía alimentaria.

La iniciativa, que será dictaminada por la citada comisión, podría ser discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones. En la exposición de motivos, la propuesta de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, refiere que según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), existen en México cerca de 15 millones de personas que padecen hambre, pese a que la economía del país se encuentra entre las 10 primeras del mundo.

En este sentido, añade, para evitar una crisis alimentaria el Estado debe asumir y enfrentar con la mayor prontitud posible el reto de reducir a la mitad el número de personas con hambre, compromiso asumido para el año 2015 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, en Roma, Italia, firmada por 185 países.

Es por ello que sugiere que se debe reconocer en la Carta Magna el derecho de los mexicanos a una alimentación de calidad, barata, sana y nutritiva, que permita a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, desarrollar una vida con plenitud. Resalta que el derecho fundamental para una alimentación adecuada fue establecido en los años 40 por la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Incluso, menciona, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han incorporado en su agenda política los problemas del alza y escasez de alimentos, a fin de diseñar estrategias que permitan erradicar dichos males y un primer planteamiento es subsanar las desigualdades sociales.

Por lo que respecta a la soberanía alimentaria, señala la iniciativa, representa una gran responsabilidad para el gobierno federal, ya que implica abordar una serie de temas como el diseño de nuevas políticas alimentarias, la reactivación del campo, la biodiversidad, autonomía, salud,distribución y mercados locales.

Además, menciona, se deben involucrar campesinos, gobiernos estatales, comerciantes, consumidores y organismos internacionales como el FMI y FAO. Define que la soberanía alimentaria es un conjunto de principios que protegen el espacio de autodeterminación y autonomía de personas, comunidades, pueblos y países para definir políticas agrícolas y alimentarias, modelos propios de producción y patrones de consumo.